De los 38 golpes de Estado que registra la historia republicana de Ecuador, comenzando por el intento por derrocar a quienes pretendieron la separación de la Gran Colombia que inspiró el Libertador Simón Bolívar, en ninguno se sancionó a los golpistas y sublevados.
El indulto o el archivo de los procesos legales han imperado en cada una de los casos, inclusive en los más sangrientos como fue la denominada guerra de los “cuatro días”, en el Gobierno de Neptalí Bonifaz, en 1932, que dejó un saldo de mil muertos, o “La Gloriosa” de 1944 en la presidencia de Arroyo del Río, cuando militares mataron a 100 policías.
Igual sucedió en los casos de golpe de Estado con magnicidio. Gabriel García Moreno fue asesinado el 6 de agosto de 1875, los implicados o conjurados fueron perseguidos por ocho años por la justicia, pero al final no hubo sanción.
Y qué decir del asesinato de Eloy Alfaro, el 28 de enero de 1912, quien además fue arrastrado por las calles de Quito. El juicio penal duró 20 años y al final no se llegó a condenar a nadie porque se dispuso el archivo de la causa en 1932, además el presidente Baquerizo Moreno decretó el indulto a los procesados.
Y sobre las últimas “caídas” de mandatarios no hay un solo proceso judicial iniciado. Solo en el caso del derrocamiento de Jamil Mahuad, donde participaron militares en servicio activo, entre ellos Lucio Gutiérrez, hubo procesos penales. Por lo ocurrido, él y 113 de sus compañeros fueron sometidos a juicios. Nina Pacari, de Pachakutik, propuso la amnistía y les fue otorgada por el Congreso Nacional de ese entonces, el 31 de mayo del año 2000.
La demanda de varios sectores fue concluir el juicio, determinar las responsabilidades de los actores y luego dar la amnistía o el indulto. Con ello se aclararía exactamente quién estuvo detrás del golpe y también qué grado de responsabilidad tuvieron los altos mandos militares cuando uno de sus comandantes, el general Carlos Mendoza, formó parte de un triunvirato provisional con el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, y el presidente de la Conaie de entonces, Antonio Vargas.
Los procesos en marcha
El 30-S se cometieron varios delitos como: rebelión, secuestro, intento de magnicidio, homicidio, atentado contra la seguridad del Estado, sabotaje e intento de golpe de Estado, de acuerdo con los procesos instaurados. Hasta la fecha hay 15 procesos judiciales y existen 147 procesados.
Los procesos que más han avanzado y han llegado a sentencia son: el de tentativa de asesinato o magnicidio contra el Presidente de la República, en el que fueron sentenciados a dos años de prisión tres policías y fue absuelto el ex director del Hospital de la Policía, César Carrión. Este rato está por resolver un recurso de casación.
En el caso instaurado por haber atentado contra la seguridad del Estado, están sentenciados a tres años de reclusión mayor el coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, y cinco policías.
Un tercer caso con sentencia es por impedir el tránsito de vehículos, personas y mercadería. Ahí fueron sentenciados a un año de prisión cuatro funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Chimborazo.
En el juicio por incitación a la rebelión de la fuerza pública fue absuelto Fidel Araujo, pero el fallo está apelado. En el proceso por el delito de atentar contra la administración pública (incursión violenta a Ecuador TV), trece personas fueron llamadas a juicio.
Por el delito de Rebelión, 15 policías fueron acusados por el fiscal a cargo de la investigación.
El atentado contra la seguridad interior del Estado es un caso que enfrenta el Tnte. Crnl. Marcelo Vaca y el proceso se encuentra en la etapa de juzgamiento, mientras que por impedir el tránsito de vehículos, personas y mercaderías en el que está involucrado Milton Naranjo y otros, ha terminado la instrucción fiscal pero aún no se hace la audiencia preparatoria de juicio.
A la etapa de instrucción fiscal ha avanzado el caso por el atentado contra la seguridad interior del Estado, cuyo principal acusado es Hernán Yánez.
Lo que preocupa es que cinco casos: por atentado contra la seguridad interior del Estado (otro proceso diferente al anterior); sabotaje en la base Aérea de Quito; homicidio simple (de Froilán Jiménez); homicidio simple (del estudiante Juan Pablo Bolaños); y, homicidio simple (los atacados en la ambulancia) siguen en investigaciones y aún no entran en la etapa de indagación.
El último caso y del que se desconocen los avances es el proceso iniciado por el atentado contra la seguridad interior del Estado, por los hechos registrados en el sector de la recoleta, en los exteriores del Ministerio de Defensa.
Oficialmente se conoce que 113 militares fueron sancionados de acuerdo con el Reglamento de Disciplina Militar y por parte de la Contraloría 138 militares de la FAE que participaron en la toma de la Base Aérea están acusados de mal uso de bienes públicos.
Respecto a los policías, un informe del Ministerio del Interior precisa que se han abierto 129 expedientes internos para determinar las conductas profesionales, mientras que la Contraloría sancionó con multas por la mala utilización de bienes públicos a 104 policías.
El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, le dijo a El Telégrafo que estaba inconforme con la forma en que se habían implementado los juicios.
Aseguró que se encargaría de absolver las dudas para que se realicen todas las acusaciones que hagan falta, a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los autores (“no importa si son altos mandos civiles y militares, o personas particulares”) y con ello sentar un precedente de absoluta justicia y transparencia.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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